El lunes pasado (27/9) y el anterior (20/9) se realizó una marcha de músicos y otros trabajadores de la actividad musical ante la ola de clausuras que se desató luego de la tragedia del boliche Beara. Lo exótico de esta persecución fue que en más del 80% de los casos, los motivos del cierre no fueron las condiciones de seguridad sino la existencia de música en vivo.
“Todos estamos de acuerdo en que un lugar se clausure por fallas de seguridad. Pero acá está la idea de que hacer música puede ser algo peligroso: en un bar hay 50 personas y está todo bien, pero si alguien se pone a cantar se convierte en una amenaza. Eso nos parece un absurdo y queremos revertirlo” explicó uno de los responsables de Thelonius, Lucas Cutaia.
Otro dato curioso es que no se persigue a los boliches grandes, el problema son los que tienen capacidad para menos de 300 personas. De la misma forma actuó el gobierno de turno después del triste episodio de Cromagnon, habilitado para 1100 personas y en el cual había más del triple esa fatídica noche del 30 de diciembre de 2004.
Uno de los principales reclamos es que se reglamente el marco regulatorio que propone la Ley 3022, sancionada por unanimidad a principios del año pasado en la legislatura. Esto evitaría la metodología de “permisos especiales” -el parche de habilitaciones provisorias que utiliza el gobierno porteño- que hace inestable a la actividad. La ley excluye expresamente a “músicos, solistas, grupos y/o establecimientos que se hallen vinculados con empresas discográficas de origen internacional, o con aquellas nacionales que tengan capacidad estructural y financiera para distribuir y promocionar producciones musicales a nivel masivo”.
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